Desde algunos años se habla de los bienes y servicios que nos prestan los ecosistemas. Un bien del ecosistema es un producto de la naturaleza que puede ser aprovechado directamente por el ser humano. El agua, la madera, las plantas medicinales, son ejemplos claros de estos bienes. En cambio, los servicios ecosistémicos son aquellas funciones ecológicas de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar a las personas y las comunidades.
Patrimonio Natural y el Ministerio de Ambiente trabajaron durante dos años en la identificación de los mapas de servicios ecosistémicos del país. Para el caso del agua, la naturaleza le presta al ser humano dos servicios fundamentales: la regulación de aguas superficiales y el control de sedimentos y procesos erosivos.
La regulación de aguas superficiales es la cantidad potencial de agua que no está disponible inmediatamente, pero que garantiza que haya agua para el futuro.
El control de sedimentos y procesos erosivos se refiere a la capacidad que tiene el suelo de retener sedimentos evitando que al agua los arrastres, disminuyendo la erosión y la probabilidad de inundaciones. Este estudio determinó que las áreas con mayor probabilidad de pérdida de sedimentos son principalmente el piedemonte amazónico, las estribaciones surorientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en la vertiente oriental de la cordillera central, lo que indica que son áreas sensibles a erosión e inundaciones.
El estudio generó mapas de regulación de aguas superficiales, en los se muestra que la oferta natural de regulación hídrica es más escasa en esos lugares del país donde se vienen desarrollando proyectos productivos, es decir, la región andina, los valles interandinos y la planicie caribeña; mientras que los máximos de regulación del recurso están en las fronteras colonizadoras y en los territorios menos transformados, tales como la Amazonía y el Chocó biogeográfico. Esto quiere decir que el agua para nuestro futuro depende de los territorios con mayor cobertura boscosa.
Este mapa producto del estudio antes mencionado permiten determinar que casi 18 millones de hectáreas, presentan el más bajo valor de regulación hídrica (área roja), razón por lo que la gestión ambiental debe estar encaminada probablemente hacia acciones de restauración de bosques que aseguren a futuro el agua en esa amplia superficie distribuida por 17 departamentos colombianos (Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca sobre territorio andino; así como Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena y Sucre en la planicie caribeña).
Por otro lado, casi 30 millones de hectáreas (área azul más intensa) del país se caracterizan porque el servicio aún lo prestan adecuadamente los ecosistemas naturales, esto indica que la gestión ambiental ahí debe encaminarse hacia procesos cuyo objetivo final sea la conservación de biodiversidad.
En este mismo mapa el color verde, cuya interpretación es “media regulación de agua”, cubre unos 20 millones de hectáreas en sitios muy específicos como la Orinoquía y el Piedemonte no solo amazónico (Caquetá, Putumayo) sino también chocoano (Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia), permitiendo a su vez establecer que estos sitios todavía pueden presentar bajos niveles de preocupación asociados con dicha función natural; sin embargo, son vulnerables debido entre otros importantes factores como el aumento de la frontera agrícola y el mal uso del suelo.
